(Expreso, 13 de Febrero de 2005)
Buenas noches, ¿por dónde es el ingreso?
Los organizadores han dado la orden de que nadie ingrese. Dicen que el local está lleno.
Pero acá tengo mi entrada comprada en Telecticket de Wong ¿y usted me dice que no puedo ingresar?
Lo siento, no hay ingreso para nadie.
Esto pasó en una Playa al Sur de Lima el viernes pasado donde se organizó un rave con ocasión de la venida de DJ Tiesto al país. Lo que ocurrió luego… me hizo recordar a las tragedias ocurridas en la discoteca Utopía y en el local de República de Crogmanon donde se ofrecía un concierto en Buenos Aires.
Mientras la gente que había comprado su entrada escuchaba al DJ mezclando música dentro del local, la indignación por no poder ingresar se iba apoderando de ellos. La cólera llegó a tal punto que la gente tumbó los fierros que hacían las veces de separadores de colas y empezó no sólo a presionarse contra la puerta, sino también a subirse por el techo para poder ingresar. Los guardias de seguridad felizmente no repelieron la violencia con una violencia desmedida que bien pudo haber causado una tragedia.
Todo esto pasó en un evento organizado por gente con suficiente experiencia en este negocio como para saber cuántas personas podían entrar en el lugar y por tanto cuántas entradas podían vender. Lamentablemente la viveza criolla pudo más y, por eso, sobre vendieron las entradas.
Esta vez la historia no pasó a mayores. Sin embargo, situaciones como ésta se encuentran solamente a un paso de convertirse en tragedias como Utopía (30 muertos) o República de Crogmanon (190 muertos). ¿Qué tienen en común estos casos? Gente eufórica y servicio inidóneo. Las personas estimuladas por la música, la masa y el alcohol suelen actuar con menos control de sí mismas. Naturalmente ello no justifica que atenten contra la propiedad privada o los derechos del resto. Sin embargo, sí obliga a los organizadores a tomar en cuenta las características propias de la demanda que buscan satisfacer al momento de planificar los eventos.
El caso podría graficarse mediante un símil político. La población que marcha por las calles frente a un abuso manifiesto del poder de uno de los poderes del Estado es responsable de los daños que cause, pero más criticable aún es el propio exceso de poder que termina ocasionando una reacción violenta.
Estoy seguro que muchos de los hijos de los empresarios que financian este tipo de eventos van a estas fiestas. En este caso alguno de ellos pudo resultar en el mejor de los casos herido producto de este incidente. Si las autoridades no bastan para cuidar la vida (resulta sorprendente que no haya habido ni un solo policía en la puerta de un evento previsto para 2500 personas), las propias empresas que auspician este tipo de eventos -cuyas marcas están, por lo demás, en juego- podrían adoptar la política de pactar una penalidad elevada aplicable en caso la empresa organizadora no cumpla con ofrecer un servicio con determinados parámetros de calidad previamente establecidos. Esta sería una forma de inducir la adopción de prácticas efectivas de calidad por parte de los ofertantes de esta industria masiva.
lunes, marzo 21, 2005
Más razones para seguir reduciendo el Estado
(Inédito)
¿Cuántas veces se ha demorado la Administración Pública más días de los que usted consideraba razonables en autorizar un pago, firmar un contrato, o responder una consulta? Seguramente muchas y probablemente usted siempre le haya atribuido el hecho a la ineficiencia de la burocracia. ¿Pero alguna vez se ha preguntado usted si existen otras razones para que las entidades públicas se demoren tanto en tomar una decisión? Desde el sector privado parecen no existir, pero créame… existen.
Hay muchas razones que aconsejan contar con un sector público cada vez más reducido, entre ellas, los costos que se generan directamente para la sociedad producto de la corrupción. Sin embargo, la corrupción (como las dictaduras) también tiene costos indirectos. Quisiera referirme a uno de ellos: el costo derivado del control al que están sujetas las entidades públicas dentro de una democracia.
Para ilustrar el punto piense usted en un organismo público descentralizado, digamos INDECOPI, que goza de autonomía administrativa para decidir directamente qué servicios y bienes adquirir para cumplir con sus funciones. Imagine ahora el siguiente caso: usted entra a trabajar allí como gerente y se encuentra con varias personas que trabajan desde hace años bajo el régimen de servicios no personales. Supongamos ahora que a estas personas se les ha venido concediendo desde hace cinco años un mes de vacaciones. Usted sabe que contractualmente a los trabajadores contratados por servicios no personales no les corresponde gozar vacaciones. Sin embargo, se da cuenta que en el fondo se trata de trabajadores con horario y subordinación que deberían estar en planilla, y que mantener este seguro sería la mejor forma de mantener una relación cordial con su personal. ¿Qué decisión tomaría?
Si usted estuviera en el sector privado probablemente decidiría mantener el derecho a vacaciones, dado que, por el principio laboral de primacía de la realidad, las personas igual podrían reclamarle judicialmente una compensación con intereses al ser cesados en sus cargos. Sin embargo, le sugiero que en el sector público elija exactamente lo contrario. En un caso similar a éste la Contraloría General de la República le inició un juicio a todos los que habían participado –de alguna manera- en tomar la decisión para que indemnicen al Estado por haberle causado un daño (¿?).
Naturalmente, el criterio con el que la agencia de control externo determinó la existencia de un daño, fue absolutamente cortoplacista. En el mediano plazo, resultaba bastante probable que no continuar concediendo el beneficio sería incluso más costoso que continuar otorgándolo.
Aunque usted no lo crea, al interior de la Administración Pública, los servidores viven actualmente día a día sin saber si la decisión que hoy consideran correcta les acarreará mañana una responsabilidad civil. Nótese que no me estoy refiriendo a casos de comisión de delitos, sino a decisiones operativas que toman diariamente los servidores públicos como las que he descrito.
En este escenario, el servidor público se encuentra obligado a mirar con lupa todos los documentos que se le presenten para su firma o visto bueno. Por ello, no debe sorprendernos que las decisiones administrativas -sobre todo las que involucran recursos económicos- tomen más tiempo del que a usted puede parecerle razonable. Es cierto que la radicalización de los mecanismos de control de las funciones públicas sirve para combatir la corrupción, pero a la vez eleva exponencialmente los costos de la gestión pública. Una razón más para que, en la medida de lo posible, sigamos reduciendo las funciones del Estado.
¿Cuántas veces se ha demorado la Administración Pública más días de los que usted consideraba razonables en autorizar un pago, firmar un contrato, o responder una consulta? Seguramente muchas y probablemente usted siempre le haya atribuido el hecho a la ineficiencia de la burocracia. ¿Pero alguna vez se ha preguntado usted si existen otras razones para que las entidades públicas se demoren tanto en tomar una decisión? Desde el sector privado parecen no existir, pero créame… existen.
Hay muchas razones que aconsejan contar con un sector público cada vez más reducido, entre ellas, los costos que se generan directamente para la sociedad producto de la corrupción. Sin embargo, la corrupción (como las dictaduras) también tiene costos indirectos. Quisiera referirme a uno de ellos: el costo derivado del control al que están sujetas las entidades públicas dentro de una democracia.
Para ilustrar el punto piense usted en un organismo público descentralizado, digamos INDECOPI, que goza de autonomía administrativa para decidir directamente qué servicios y bienes adquirir para cumplir con sus funciones. Imagine ahora el siguiente caso: usted entra a trabajar allí como gerente y se encuentra con varias personas que trabajan desde hace años bajo el régimen de servicios no personales. Supongamos ahora que a estas personas se les ha venido concediendo desde hace cinco años un mes de vacaciones. Usted sabe que contractualmente a los trabajadores contratados por servicios no personales no les corresponde gozar vacaciones. Sin embargo, se da cuenta que en el fondo se trata de trabajadores con horario y subordinación que deberían estar en planilla, y que mantener este seguro sería la mejor forma de mantener una relación cordial con su personal. ¿Qué decisión tomaría?
Si usted estuviera en el sector privado probablemente decidiría mantener el derecho a vacaciones, dado que, por el principio laboral de primacía de la realidad, las personas igual podrían reclamarle judicialmente una compensación con intereses al ser cesados en sus cargos. Sin embargo, le sugiero que en el sector público elija exactamente lo contrario. En un caso similar a éste la Contraloría General de la República le inició un juicio a todos los que habían participado –de alguna manera- en tomar la decisión para que indemnicen al Estado por haberle causado un daño (¿?).
Naturalmente, el criterio con el que la agencia de control externo determinó la existencia de un daño, fue absolutamente cortoplacista. En el mediano plazo, resultaba bastante probable que no continuar concediendo el beneficio sería incluso más costoso que continuar otorgándolo.
Aunque usted no lo crea, al interior de la Administración Pública, los servidores viven actualmente día a día sin saber si la decisión que hoy consideran correcta les acarreará mañana una responsabilidad civil. Nótese que no me estoy refiriendo a casos de comisión de delitos, sino a decisiones operativas que toman diariamente los servidores públicos como las que he descrito.
En este escenario, el servidor público se encuentra obligado a mirar con lupa todos los documentos que se le presenten para su firma o visto bueno. Por ello, no debe sorprendernos que las decisiones administrativas -sobre todo las que involucran recursos económicos- tomen más tiempo del que a usted puede parecerle razonable. Es cierto que la radicalización de los mecanismos de control de las funciones públicas sirve para combatir la corrupción, pero a la vez eleva exponencialmente los costos de la gestión pública. Una razón más para que, en la medida de lo posible, sigamos reduciendo las funciones del Estado.
domingo, marzo 20, 2005
¿Cómo lograr que el ciudadano se interese en la política?
(La República, 23 de Marzo de 2005)
El ciudadano peruano mira la política con apatía y desencanto. Creo que hay dos tipos de reformas urgentes para incentivar que se acerque a la política: la adopción del voto facultativo y el incremento del control ciudadano sobre el poder político.
La adopción del voto facultativo o la eliminación de las sanciones por no votar redefinirían la demanda electoral*. Bajo esas condiciones, sería esperable que ese 61% de personas desinteresadas en política según Apoyo preste oídos sordos a toda oferta electoral. Por ello, la oferta tendría que concentrarse en persuadir al 36% interesado -según la misma encuestadora- en la marcha política del país; quienes, con independencia de su nivel educativo, realizarían cierto nivel de análisis antes de decidir por quién votar. Las características de esta nueva demanda electoral, junto con la fuerte competencia que enfrentarán las agrupaciones en el 2006, forzaría a los candidatos a presentar planes y equipos de gobierno medianamente competitivos. Por tanto, se elegirían mejores autoridades que si el voto continuara siendo obligatorio.
Pero para que dichas autoridades no realicen una gestión que conduzca a un nuevo y mayor desencanto, sería importante reforzar los mecanismos de control sobre el poder político. Para ello debería reducirse el período de gobierno a cuatro años, instaurarse un mecanismo de renovación por partes del Congreso, y eliminarse el derecho de los congresistas al antejuicio político. Por último, se necesitaría que los ciudadanos cuenten permanentemente con información sobre el desempeño de sus autoridades a través de medios de prensa y de un registro de promesas electorales. Todo esto, junto con la posibilidad que ya existe de revocar alcaldes, generaría poco a poco en el ciudadano la percepción de que puede influir en la marcha política del país.
La complementación de ambos tipos de reformas incentivarán a los ciudadanos a involucrarse en política. Ya sea escuchando candidatos para evaluar si sus propuestas los convencen de acudir a las urnas o participando activamente como miembro de una agrupación política.
El Congreso someterá próximamente a votación el voto facultativo. Algunos congresistas se oponen porque creen que el potencial ausentismo desencadenaría una crisis de representatividad. Pero las cifras existentes no generan mayores temores (36% interesado en política y 80% dispuesto a votar según Apoyo). Hoy en día, además, nadie duda en protestar contra una autoridad por la que no votó. Lo mismo ocurriría si los ciudadanos no tuvieran que acudir a las urnas, porque el derecho a controlar la gestión pública no se deriva de su voto sino de su condición de ciudadanos. Al final del día, lo que marca el nivel de representatividad de una autoridad es simplemente la aprobación que reciba su gestión.
Por último, a varios congresistas les preocupa que esta medida favorezca al APRA. Esto parece poco probable, ya que la elevación del nivel de la demanda electoral debilitará la mayor ventaja de su líder: la demagogia. Y si la medida beneficia al APRA en el mediano plazo gracias a su mayor capacidad de organización, pues bien merecido se lo tendría. Se trata justamente de forzar un cambio de actitud en quienes pretenden encarnar opciones políticas para que se organicen, presenten planes serios de gobierno y sigan una línea de acción consistente entre elecciones (sean o no gobierno). No dejemos pasar la oportunidad de adoptar una reforma que empezará a acercar la política al ciudadano.
* En América Latina -según IDEA Internacional- sólo Honduras, Ecuador y Perú obligan con sanciones efectivas a acudir a las urnas.
El ciudadano peruano mira la política con apatía y desencanto. Creo que hay dos tipos de reformas urgentes para incentivar que se acerque a la política: la adopción del voto facultativo y el incremento del control ciudadano sobre el poder político.
La adopción del voto facultativo o la eliminación de las sanciones por no votar redefinirían la demanda electoral*. Bajo esas condiciones, sería esperable que ese 61% de personas desinteresadas en política según Apoyo preste oídos sordos a toda oferta electoral. Por ello, la oferta tendría que concentrarse en persuadir al 36% interesado -según la misma encuestadora- en la marcha política del país; quienes, con independencia de su nivel educativo, realizarían cierto nivel de análisis antes de decidir por quién votar. Las características de esta nueva demanda electoral, junto con la fuerte competencia que enfrentarán las agrupaciones en el 2006, forzaría a los candidatos a presentar planes y equipos de gobierno medianamente competitivos. Por tanto, se elegirían mejores autoridades que si el voto continuara siendo obligatorio.
Pero para que dichas autoridades no realicen una gestión que conduzca a un nuevo y mayor desencanto, sería importante reforzar los mecanismos de control sobre el poder político. Para ello debería reducirse el período de gobierno a cuatro años, instaurarse un mecanismo de renovación por partes del Congreso, y eliminarse el derecho de los congresistas al antejuicio político. Por último, se necesitaría que los ciudadanos cuenten permanentemente con información sobre el desempeño de sus autoridades a través de medios de prensa y de un registro de promesas electorales. Todo esto, junto con la posibilidad que ya existe de revocar alcaldes, generaría poco a poco en el ciudadano la percepción de que puede influir en la marcha política del país.
La complementación de ambos tipos de reformas incentivarán a los ciudadanos a involucrarse en política. Ya sea escuchando candidatos para evaluar si sus propuestas los convencen de acudir a las urnas o participando activamente como miembro de una agrupación política.
El Congreso someterá próximamente a votación el voto facultativo. Algunos congresistas se oponen porque creen que el potencial ausentismo desencadenaría una crisis de representatividad. Pero las cifras existentes no generan mayores temores (36% interesado en política y 80% dispuesto a votar según Apoyo). Hoy en día, además, nadie duda en protestar contra una autoridad por la que no votó. Lo mismo ocurriría si los ciudadanos no tuvieran que acudir a las urnas, porque el derecho a controlar la gestión pública no se deriva de su voto sino de su condición de ciudadanos. Al final del día, lo que marca el nivel de representatividad de una autoridad es simplemente la aprobación que reciba su gestión.
Por último, a varios congresistas les preocupa que esta medida favorezca al APRA. Esto parece poco probable, ya que la elevación del nivel de la demanda electoral debilitará la mayor ventaja de su líder: la demagogia. Y si la medida beneficia al APRA en el mediano plazo gracias a su mayor capacidad de organización, pues bien merecido se lo tendría. Se trata justamente de forzar un cambio de actitud en quienes pretenden encarnar opciones políticas para que se organicen, presenten planes serios de gobierno y sigan una línea de acción consistente entre elecciones (sean o no gobierno). No dejemos pasar la oportunidad de adoptar una reforma que empezará a acercar la política al ciudadano.
* En América Latina -según IDEA Internacional- sólo Honduras, Ecuador y Perú obligan con sanciones efectivas a acudir a las urnas.
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