¿Reputación Corporativa sin Reputación Política?

La gestión de la reputación corporativa puede ser suficiente para dar sostenibilidad a algunos negocios, pero con seguridad no lo es cuando se trata de actividades controversiales para la opinión pública. Estos casos requieren, además, instituciones políticas reputadas capaces de canalizar y representar las inquietudes de los grupos de interés. Si el sector privado no comienza a financiar – transparentemente – el desarrollo de estas instituciones, alguien más seguirá tomando ese lugar. Mi propuesta es crear patronatos independientes dedicados a coordinar la ejecución de proyectos políticos (o de políticas públicas).

El punto de partida es dotar de independencia a dichas instituciones, a fin de que su trabajo sea considerado legítimo por la opinión pública. Para ello, quienes trabajan en estos patronatos no deben poder realizar -- directa ni indirectamente -- gestiones de interés ni campañas en medios; circunscribiendo su trabajo a (i) la obtención de recursos, (ii) la selección de proyectos y (iii) el monitoreo de resultados.

La obtención de recursos vendría esencialmente del sector privado local (aunque también podrían gestionarse fondos de la cooperación internacional). Para atraerlos, tendría que haber coincidencias en los principios ideológicos del proyecto a financiar, y los públicos de interés cuyas inquietudes serán canalizadas a través de dicho proyecto.

Así, por ejemplo, las empresas que son objeto habitual de proyectos de ley -- bancos, AFP, y servicios públicos -- podrían financiar un proyecto destinado a recompensar a los partidos políticos (no congresistas individuales a fin de fortalecer aquellos) que realicen los mejores análisis costo-beneficio en cada periodo legislativo (4 meses). El financiamiento puede darse en dinero o en soft money (publicidad, capacitación, equipos).

A su vez, a empresas de consumo masivo podría interesarles financiar un proyecto cuyo beneficiario sea una asociación de consumidores que promuevan la responsabilidad personal y protejan la libertad de elección de los consumidores (perspectiva, en mi opinión opuesta a ASPEC).

Finalmente, el monitoreo de resultados incluiría tanto la eficiencia en el logro de metas como la independencia en la gestión, aplicándose penalidades en caso quienes trabajen en los proyectos beneficiarios mantengan coordinaciones con las empresas que los financien. ¿Cuándo empezamos? Sin reputación política… ¡la reputación corporativa puede no ser suficiente!

¿Hacia dónde va el Indecopi?

Publicado en La República del 1 de setiembre de 2006

El Indecopi ha sido en los últimos años el peor enemigo del mercado. En vez de promover su correcto funcionamiento, se ha opuesto (o al menos ha entorpecido) la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; ha revocado precedentes que establecían reglas simples y predecibles; y hasta se ha atribuido la facultad de determinar cuándo un precio es “excesivo”. Pero esto no debería sorprendernos si recordamos que todos los presidentes del Indecopi –nombrados por el gobierno de Toledo– fueron allegados al gobierno que no conocían las materias administradas por el Instituto. La llegada del TLC demanda poner en marcha una agenda interna que facilite a nuestras empresas el aumento de su competitividad. Dentro de esta, el Instituto tiene un papel trascendental que jugar, que implica, cuando menos:

1. Definir si se apoya institucionalmente el control de fusiones y, en caso afirmativo, reforzar la Comisión de Libre Competencia.
2. Reforzar la Comisión de Acceso al Mercado para poder identificar permanentemente barreras para-arancelarias al comercio.
3. Promover marcas y patentes que otorguen valor agregado a nuestros productos –en vez de limitarnos a registrar marcas y patentes extranjeras–; en particular, fomentar el uso de modelos de utilidad, a través de los cuales muchos países han promovido su desarrollo industrial.
4. Modificar el enfoque relativo a derechos de autor. Debemos apoyar la creación intelectual, por ejemplo, a través de las industrias de base cultural.
5. Poner en marcha una lucha intensa contra los actos de competencia desleal provenientes de la importación de mercancías falsificadas y del contrabando.
6. Colaborar en la identificación y reconocimiento internacional de nuevas denominaciones de origen (¡gracias a nuestra falta de pro actividad, nueve países miembros de la OMPI acaban de rechazar nuestro pedido de no permitirle a Chile el uso de la denominación de origen Pisco!).
7. Perseguir cárteles vinculados con las cadenas productivas agro-exportadoras.
8. Promover de manera sostenida estándares de calidad en los productos nacionales.
9. Apoyar técnicamente en la implementación de los complejos tratados en materia de propiedad intelectual a los que deberemos adherirnos como consecuencia del TLC.
10. Investigar el sector farmacéutico para determinar si existen razones ajenas a las%

La contribución del Indecopi con la agenda interna a favor de la competitividad dependerá, en gran medida, del conocimiento técnico de sus funcionarios. El gobierno actual –en la misma línea que el gobierno anterior– acaba de nombrar un presidente a quien no se le conoce como especialista en la materia. Esto ha generado incertidumbre acerca de su capacidad para conducir exitosamente la institución, pero no permite descartar la realización de una gestión exitosa... Claro está, siempre que se convoque a técnicos de alto nivel y se les facilite desarrollar su trabajo con independencia.

Fernando Cáceres

Montesinos estaria detras de Humala - por Gustavo Gorriti

Renuncia de Gustavo Gorriti a La Republica

Esta es, primero, una nota de despedida. Junto con ella, puesto que sobre todo en tiempos ominosos los adioses deben ser breves, otra de advertencia, comentario y hasta de arenga.
Termino con este artículo mi función de codirector y periodista de La República y dejo la empresa. El humalismo es un proyecto dictatorial. Como hizo el fascismo en la atormentada historia del siglo XX, busca utilizar las armas de la democracia (sobre todo las elecciones) para asesinarla. Utilizará el lenguaje de izquierda cuando le convenga (como lo hizo el fascismo en la mayoría de los casos), hasta tomar el poder. Luego de eso, los tontos útiles y los idiotas de ocasión que negociaron su apoyo seducidos por la retórica o por la exhortación de Hugo Chávez, tendrán años por delante en los que podrán lamentar su estupidez.
Con Ollanta Humala viene el proyecto de una dictadura cívico-militar. Más militar que cívica, y con fortísimos elementos fascistas. Olvídense de Evo Morales (que es otra cosa, un líder sindical civil) y piensen en Montesinos. Sí, en Montesinos.
Ollanta Humala dice que no hay fujimoristas en su grupo, y de repente tiene razón: solo hay montesinistas.
Dice también que no hay generales montesinistas, y de repente tiene razón otra vez: solo hay coroneles y comandantes montesinistas.
¿Que exagero? A ver: a la diestra y la siniestra del comandante Humala, están los coroneles Villafuerte y Loyola, dos de los militares que conducen su campaña electoral como una campaña militar. El coronel Villafuerte fue el hombre de confianza del muy montesinista general Saucedo; el coronel Loyola fue hombre de confianza del recontra montesinista general Villanueva Ruesta. Y el propio comandante Ollanta Humala fue hombre de confianza del ultramontesinista general Cano Angulo. Finalmente, si el coronel Alberto Pinto Cárdenas, el hombre de Montesinos durante la decisiva primera parte del fujimorato, resulta siendo –como lo ha revelado El Comercio– otra importante figura militar de la campaña, se refuerza la inescapable conclusión.
La campaña de Ollanta Humala es la campaña de los hombres de confianza de la cúpula militar montesinista. Ahí están, las manos derechas de Villanueva Ruesta, de Saucedo, de Cano Angulo, del propio Montesinos. ¡Ese es el cogollo, esa es la campaña! ¡Hay que despertar a tiempo!
En el Perú no somos tantos los periodistas de investigación con experiencia y alguna veteranía. No siempre estamos de acuerdo entre nosotros y hasta nos peleamos para variar. Pero en lo que todos coincidimos es en advertir la presencia montesinista en el centro del proyecto dictatorial humalista.
El proyecto de una oligarquía militar que aprendió las lecciones del pasado, las mieles de la cleptocracia y que si toma el poder hará todo lo necesario para quedarse en él por una generación. No repetirán los errores de Montesinos. Serán los tiempos de la doctrina Madre Mía.
El grupo de civiles que los rodea, los aventureros, especuladores, traficantes y tontos útiles, son nada más que una nata usable o descartable.
A mi vez, no quiero repetir tampoco los errores del pasado. En 1990, 1991 y 1992 alerté, junto con otros pocos, sobre la presencia e influencia de Montesinos en el entorno inmediato de Fujimori. Este, por supuesto, mintió en todas las formas y maneras al respecto, y hubo una significativa cantidad de gente que decidió hacerse la tonta. Pero, en perspectiva, creo que no advertí sobre ese peligro con la suficiente energía y contundencia. Quizá, de haberlo hecho, otra gente se hubiera sumado a tiempo y Fujimori lo hubiera pensado mejor cuando Montesinos era todavía vulnerable. Después perdimos años y mucho más, nos robaron cientos de millones de dólares, envilecieron el país, nos forzaron a luchar cuesta arriba para derrocarlos. Que no se repita, no lo permitamos, porque ahora sería mucho peor. Para decirlo en castellano: permitirlo significaría joder la democracia y joder al país por una generación.
Ya lo hemos vivido en nuestro país, de diversas maneras. Lo del régimen de Montesinos y Fujimori fue harto malo. Puede ser mucho peor.
Y aquí llego al punto central: si en democracias consolidadas, el deber de un periodista es la independencia y la imparcialidad, para informar a la gente, libre de la influencia de grupos de presión o de poder; los periodistas en democracias precarias tienen un deber adicional: defender la democracia, sin la cual no hay derecho ni libertad ni periodismo que ejercitar.
Por eso he utilizado esta página durante las últimas semanas para alertar sobre el peligro que representa el humalismo para la supervivencia de la democracia en el Perú. Y ahora quiero hacerlo y recalcarlo por última vez.
Voten, lectores, por quien quieran, en tanto sea un candidato democrático. Pero ni Ollanta Humala ni Martha Chávez. Y en la segunda vuelta, si entra Humala, el deber de todos debe ser respaldar y movilizarse por el candidato o candidata demócrata que lo enfrente.
Y ahora sí, me despido. A mis compañeros de La República, con el recuerdo del trabajo y los cierres compartidos, les deseo lo mejor, en el periodismo y la vida. A ustedes lectores, espero haberlos servido. Tratar de hacerlo fue un honor.

El Peru en su propio laberinto

(La Republica, 14 de diciembre de 2005)

La democracia es como un mercado en el que nuestras decisiones de “compra” no pueden modificarse por largo tiempo. Esta es una “falla” del sistema que genera un desgaste natural de las autoridades que elegimos. Lamentablemente dicho desgaste se acentúa en nuestro país por factores como promesas electorales incumplidas y una grosera ausencia de austeridad en el gasto público. Frente a esta situación, muchos ciudadanos, hastiados de la política, buscan un cambio de rumbo radical al llegar las elecciones.

Esta demanda electoral “visceral” – que no le asigna valor a los avances institucionales y/o económicos que pudieran haberse logrado - genera una oferta de candidatos como Fujimori, Toledo, y Humala. ¿Qué tienen ellos en común? Son figuras que construyen sus imágenes políticas criticando a los gobiernos anteriores, ofreciendo medidas que no nacen de planes de gobierno, y reclutando sobre la marcha - como bases - a gente mayormente sin formación pública. En otras palabras, se trata de aventureros cuya distancia de la arena política les permite vender la idea de que su gestión constituirá un cambio de rumbo radical (aunque sepan que esto no es posible ni recomendable).

La gestión de una clase dirigente con estas características obviamente fracasa. No puede cumplir con sus promesas electorales (salvo que no le importe mantener el equilibrio fiscal), carece de rumbo, y tiende a servirse vorazmente del Estado. Esto genera indignación en la población, pasan cinco años y la historia se repite. ¿Por qué? Porque la demanda electoral que genera este tipo de autoridades emite un voto poco meditado que usualmente - pero no siempre - proviene de los ciudadanos menos informados.

¿Cómo podemos salir de este círculo vicioso? En una columna que publiqué en este Diario el 23/3/2005 sostuve lo siguiente: “La adopción del voto facultativo redefiniría la demanda electoral. El 61% de personas que no están interesadas en política, según una encuesta reciente de Apoyo, no estarían en actitud de escuchar ofertas electorales. Por ello sería tremendamente costoso apuntar a este grupo como publico objetivo. Bajo estas circunstancias, la oferta electoral tendría que concentrarse en persuadir al 36% de personas que, según la misma fuente, sí están interesadas en política; por lo que demandarían propuestas para decidir por quién votar. Las características de esta nueva demanda, junto con la competencia que enfrentarían las agrupaciones en el 2006, forzarían a los candidatos a elevar el nivel de sus propuestas. Por tanto, podríamos esperar mejores resultados electorales que con el voto obligatorio”.

Lamentablemente, la mayoría de nuestros congresistas, aún sabiendo que un candidato con las características de Humala ha alcanzado el 15% de la intención de voto, acaba de cerrar cualquier salida a este círculo vicioso al oponerse a fórmulas que hubieran conseguido un efecto al menos similar al voto facultativo (la eliminación de la muerte civil o la reducción de las multas por no votar). ¿Acaso no se dan cuenta de que esto no va a jugar a favor de ningún político aventurero actual – como varios de ustedes - sino sólo de nuevos aventureros como Humala?

Los costos de la “mano dura” de Fujimori

(La República, 6 de Julio de 2005)
¿Cree usted que este país sólo puede gobernarse con “mano dura”? El 19% de peruanos -que según CPI apoya a Fujimori- en gran medida lo cree. Y es que, frente al desorden social y político que estamos viviendo en democracia, la “mano dura” aplicada por Fujimori en los noventa suena para algunos bastante seductora. Los fujimoristas saben que el orden y la seguridad que vivimos -a fuerza de represión- durante su Gobierno serán su principal argumento en la próxima campaña. Pero... ¿acaso no hay una relación de causa-efecto entre el autoritarismo de Fujimori y el actual desorden social y político? Aquí, algunos cuantos ejemplos para reflexionar:

1. Fujimori reprimió la libertad de expresión y rompió todos los canales de diálogo con las fuerzas sociales. Consecuencia: de vuelta a la democracia, las agrupaciones sociales no conciben que la mejor manera de avanzar sea dialogar. El 23 de junio pasado, por ejemplo, los profesores del SUTEP llegaron al absurdo de realizar una marcha de protesta “preventiva” en pleno proceso de diálogo con el Ministerio de Educación.

2. Fujimori liberalizó la economía, pero no respetó las libertades políticas. Además, llevó a cabo privatizaciones cuestionables por sus condiciones y/o por el destino de los fondos obtenidos. Consecuencia: hoy en día, la población no comprende los beneficios que el libre mercado puede acarrear para su bienestar, lo cual deviene en situaciones como el “arequipeñazo” o el reciente rechazo irreflexivo al fomento de la inversión privada en SEDAPAL.

3. Fujimori -en su afán por concentrar el poder político- interrumpió el proceso de descentralización. Esto convirtió al Ejecutivo virtualmente en la única autoridad de alcance nacional. Consecuencia: el actual Gobierno Central ha tenido que enfrentar diversas protestas que correspondían ser atendidas por otras autoridades. Hace algunos meses, por ejemplo, pobladores de Ventanilla marcharon reclamando al Ejecutivo sanear sus lotes para acceder a servicios de agua y desagüe, sin reparar que se trataba de una tarea del Gobierno Regional del Callao.

4. Fujimori le arrebató su autonomía a la mayor parte de las instituciones públicas que sustentan nuestra democracia (Congreso, Poder Judicial, CNM, TC, Ministerio Público, ONPE, JNE, etc.). Consecuencia: la labor que han realizado estas instituciones durante los últimos cuatro años ha sido -con justa razón- fuente de constantes críticas derivadas del descrédito que arrastran. La opinión pública teme permanentemente que sus decisiones estén siendo influenciadas por el fuji-montesinismo.

5. Fujimori utilizó la inteligencia nacional como medio para controlar a las instituciones públicas, los empresarios y la propia prensa. Consecuencia: tamaño despropósito, obligó al actual Gobierno Central a someter esta institución a un proceso de reorganización que lamentablemente no tiene cuando acabar. Mientras tanto, no se cuenta con la información necesaria para determinar si existen intereses políticos y/o narco-económicos detrás de disturbios sociales como Ilave o Tintaya.

Nuestras autoridades actuales son, desde luego, responsables de la manera cómo se vienen manejando los problemas heredados del Gobierno pasado. Pero su origen se halla en el autoritarismo impuesto por Fujimori durante la década pasada. ¿De verdad cree que necesitamos más “mano dura”? Las dictaduras generan demasiados costos sociales. No se deje seducir por argumentos falaces en la próxima campaña.

Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre

(La República, 29 de Abril de 2005)
Los ingresos de la división peruana de LAN dependen del flujo de personas que decida venir al Perú. Por eso cuesta trabajo creer que la decisión de transmitir el video se haya tomado al más alto nivel. Pero tampoco fue una decisión del espíritu santo. ¿O alguien le cree a LAN cuando asegura que nadie había revisado el contenido del video antes de difundirlo? Si usted se inclinaba a creer en la buena fe de esta empresa, quizá deje de hacerlo al enterarse que en su Revista Lan Tours ubica a Puno dentro de Bolivia y que en su Revista “In” muestra la foto de un metro viejo y sucio “ubicado” en nuestra capital.

Para Santiago, sin embargo, no debería hacerse una tormenta en un vaso de agua con el asunto del video. Se trata, según su Canciller, de un hecho aislado que no debería ser indemnizado. Si el video hubiese sido transmitido por una aerolínea de otra bandera, efectivamente se trataría de un hecho aislado. Pero se trata de una empresa con capitales chilenos; y si bien el capital no tiene bandera, quienes manejan su destino sí la tienen.

Es cierto que la Guerra del Pacífico dejó cierto recelo entre los peruanos hacia lo chileno. Pero la causa de la “tormenta” no proviene de la Guerra. A todas las perlitas de LAN mencionadas, la historia reciente le agrega la venta de armas a Ecuador siendo garantes y en pleno conflicto bélico, la prepotencia con la que sus autoridades quisieron dar por cerrado el tema de los límites marítimos, la desproporcionada reacción de los carabineros al disparar al cuerpo de una persona que intentaba cruzar la frontera, la carrera armamentista que vienen promoviendo, la invención de historias para “piratearnos” el pisco, la alpaca y la chirimoya y comercializarlos como propios en los mercados extranjeros… y una larga lista de etcéteras. ¿La indignación no es comprensible? Claro que lo es.

Honestamente, sólo un ingenuo podría atribuir todo esto al azar. El ex dictador chileno, Augusto Pinochet, se encargó de promover entre sus compatriotas una práctica expansiva de poder como parte de su visión geopolítica. Estas ideas son comunes entre los chilenos. En línea con lo cual no dudan en pasar por encima nuestro cada vez que pueden hacerlo; práctica que, por cierto, también despliegan con sus otros dos vecinos.

En el caso concreto de LAN el Estado debe iniciar un juicio contra esta aerolínea para presionar una indemnización satisfactoria a nuestros intereses; que incluya, por cierto, la transmisión de videos y la inclusión de encartes que promuevan el turismo hacia el Perú a modo de resarcimiento. Pero urge, además, promover la aviación comercial nacional como parte de una estrategia de defensa.

Estos no son tiempos para pensar en guerras ni en cerrar fronteras al comercio. ¡Pero debemos buscar un punto de equilibrio! Si el TLC con Chile es beneficioso para nuestros intereses debemos firmarlo. Pero no podemos aceptar que, so pretexto del libre mercado, demos carta blanca a las inversiones chilenas sin considerar el aspecto geopolítico.
En este marco, por ejemplo, debemos tener en cuenta que la ubicación y características de los puertos peruanos les otorgan una ventaja natural sobre los chilenos para servir como puente comercial de la región hacia el Asia y viceversa. Por ello, tiene sentido que, al menos en cuanto se refiere a nuestra infraestructura portuaria, se prohíba su entrega en concesión o su privatización en favor de capitales chilenos.

Finalmente, la oportunidad es propicia para proponer a los medios de prensa la realización de una campaña de educación cívica destinada a transmitir, mediante mensajes simples, la idea de que tirar basura, orinar en la calle, y realizar todo cuanto contribuya a generar desorden en la ciudad, no hace sino jugar en contra de nuestro propio bienestar.

Buscando mecanismos de mercado para combatir la viveza criolla. A propósito del rave de Tiesto

(Expreso, 13 de Febrero de 2005)
Buenas noches, ¿por dónde es el ingreso?
Los organizadores han dado la orden de que nadie ingrese. Dicen que el local está lleno.
Pero acá tengo mi entrada comprada en Telecticket de Wong ¿y usted me dice que no puedo ingresar?
Lo siento, no hay ingreso para nadie.

Esto pasó en una Playa al Sur de Lima el viernes pasado donde se organizó un rave con ocasión de la venida de DJ Tiesto al país. Lo que ocurrió luego… me hizo recordar a las tragedias ocurridas en la discoteca Utopía y en el local de República de Crogmanon donde se ofrecía un concierto en Buenos Aires.

Mientras la gente que había comprado su entrada escuchaba al DJ mezclando música dentro del local, la indignación por no poder ingresar se iba apoderando de ellos. La cólera llegó a tal punto que la gente tumbó los fierros que hacían las veces de separadores de colas y empezó no sólo a presionarse contra la puerta, sino también a subirse por el techo para poder ingresar. Los guardias de seguridad felizmente no repelieron la violencia con una violencia desmedida que bien pudo haber causado una tragedia.

Todo esto pasó en un evento organizado por gente con suficiente experiencia en este negocio como para saber cuántas personas podían entrar en el lugar y por tanto cuántas entradas podían vender. Lamentablemente la viveza criolla pudo más y, por eso, sobre vendieron las entradas.

Esta vez la historia no pasó a mayores. Sin embargo, situaciones como ésta se encuentran solamente a un paso de convertirse en tragedias como Utopía (30 muertos) o República de Crogmanon (190 muertos). ¿Qué tienen en común estos casos? Gente eufórica y servicio inidóneo. Las personas estimuladas por la música, la masa y el alcohol suelen actuar con menos control de sí mismas. Naturalmente ello no justifica que atenten contra la propiedad privada o los derechos del resto. Sin embargo, sí obliga a los organizadores a tomar en cuenta las características propias de la demanda que buscan satisfacer al momento de planificar los eventos.

El caso podría graficarse mediante un símil político. La población que marcha por las calles frente a un abuso manifiesto del poder de uno de los poderes del Estado es responsable de los daños que cause, pero más criticable aún es el propio exceso de poder que termina ocasionando una reacción violenta.

Estoy seguro que muchos de los hijos de los empresarios que financian este tipo de eventos van a estas fiestas. En este caso alguno de ellos pudo resultar en el mejor de los casos herido producto de este incidente. Si las autoridades no bastan para cuidar la vida (resulta sorprendente que no haya habido ni un solo policía en la puerta de un evento previsto para 2500 personas), las propias empresas que auspician este tipo de eventos -cuyas marcas están, por lo demás, en juego- podrían adoptar la política de pactar una penalidad elevada aplicable en caso la empresa organizadora no cumpla con ofrecer un servicio con determinados parámetros de calidad previamente establecidos. Esta sería una forma de inducir la adopción de prácticas efectivas de calidad por parte de los ofertantes de esta industria masiva.

Más razones para seguir reduciendo el Estado

(Inédito)

¿Cuántas veces se ha demorado la Administración Pública más días de los que usted consideraba razonables en autorizar un pago, firmar un contrato, o responder una consulta? Seguramente muchas y probablemente usted siempre le haya atribuido el hecho a la ineficiencia de la burocracia. ¿Pero alguna vez se ha preguntado usted si existen otras razones para que las entidades públicas se demoren tanto en tomar una decisión? Desde el sector privado parecen no existir, pero créame… existen.

Hay muchas razones que aconsejan contar con un sector público cada vez más reducido, entre ellas, los costos que se generan directamente para la sociedad producto de la corrupción. Sin embargo, la corrupción (como las dictaduras) también tiene costos indirectos. Quisiera referirme a uno de ellos: el costo derivado del control al que están sujetas las entidades públicas dentro de una democracia.

Para ilustrar el punto piense usted en un organismo público descentralizado, digamos INDECOPI, que goza de autonomía administrativa para decidir directamente qué servicios y bienes adquirir para cumplir con sus funciones. Imagine ahora el siguiente caso: usted entra a trabajar allí como gerente y se encuentra con varias personas que trabajan desde hace años bajo el régimen de servicios no personales. Supongamos ahora que a estas personas se les ha venido concediendo desde hace cinco años un mes de vacaciones. Usted sabe que contractualmente a los trabajadores contratados por servicios no personales no les corresponde gozar vacaciones. Sin embargo, se da cuenta que en el fondo se trata de trabajadores con horario y subordinación que deberían estar en planilla, y que mantener este seguro sería la mejor forma de mantener una relación cordial con su personal. ¿Qué decisión tomaría?

Si usted estuviera en el sector privado probablemente decidiría mantener el derecho a vacaciones, dado que, por el principio laboral de primacía de la realidad, las personas igual podrían reclamarle judicialmente una compensación con intereses al ser cesados en sus cargos. Sin embargo, le sugiero que en el sector público elija exactamente lo contrario. En un caso similar a éste la Contraloría General de la República le inició un juicio a todos los que habían participado –de alguna manera- en tomar la decisión para que indemnicen al Estado por haberle causado un daño (¿?).

Naturalmente, el criterio con el que la agencia de control externo determinó la existencia de un daño, fue absolutamente cortoplacista. En el mediano plazo, resultaba bastante probable que no continuar concediendo el beneficio sería incluso más costoso que continuar otorgándolo.

Aunque usted no lo crea, al interior de la Administración Pública, los servidores viven actualmente día a día sin saber si la decisión que hoy consideran correcta les acarreará mañana una responsabilidad civil. Nótese que no me estoy refiriendo a casos de comisión de delitos, sino a decisiones operativas que toman diariamente los servidores públicos como las que he descrito.

En este escenario, el servidor público se encuentra obligado a mirar con lupa todos los documentos que se le presenten para su firma o visto bueno. Por ello, no debe sorprendernos que las decisiones administrativas -sobre todo las que involucran recursos económicos- tomen más tiempo del que a usted puede parecerle razonable. Es cierto que la radicalización de los mecanismos de control de las funciones públicas sirve para combatir la corrupción, pero a la vez eleva exponencialmente los costos de la gestión pública. Una razón más para que, en la medida de lo posible, sigamos reduciendo las funciones del Estado.