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domingo, enero 08, 2012

¿Reputación Corporativa sin Reputación Política?

La gestión de la reputación corporativa puede ser suficiente para dar sostenibilidad a algunos negocios, pero con seguridad no lo es cuando se trata de actividades controversiales para la opinión pública. Estos casos requieren, además, instituciones políticas reputadas capaces de canalizar y representar las inquietudes de los grupos de interés. Si el sector privado no comienza a financiar – transparentemente – el desarrollo de estas instituciones, alguien más seguirá tomando ese lugar. Mi propuesta es crear patronatos independientes dedicados a coordinar la ejecución de proyectos políticos (o de políticas públicas).

El punto de partida es dotar de independencia a dichas instituciones, a fin de que su trabajo sea considerado legítimo por la opinión pública. Para ello, quienes trabajan en estos patronatos no deben poder realizar -- directa ni indirectamente -- gestiones de interés ni campañas en medios; circunscribiendo su trabajo a (i) la obtención de recursos, (ii) la selección de proyectos y (iii) el monitoreo de resultados.

La obtención de recursos vendría esencialmente del sector privado local (aunque también podrían gestionarse fondos de la cooperación internacional). Para atraerlos, tendría que haber coincidencias en los principios ideológicos del proyecto a financiar, y los públicos de interés cuyas inquietudes serán canalizadas a través de dicho proyecto.

Así, por ejemplo, las empresas que son objeto habitual de proyectos de ley -- bancos, AFP, y servicios públicos -- podrían financiar un proyecto destinado a recompensar a los partidos políticos (no congresistas individuales a fin de fortalecer aquellos) que realicen los mejores análisis costo-beneficio en cada periodo legislativo (4 meses). El financiamiento puede darse en dinero o en soft money (publicidad, capacitación, equipos).

A su vez, a empresas de consumo masivo podría interesarles financiar un proyecto cuyo beneficiario sea una asociación de consumidores que promuevan la responsabilidad personal y protejan la libertad de elección de los consumidores (perspectiva, en mi opinión opuesta a ASPEC).

Finalmente, el monitoreo de resultados incluiría tanto la eficiencia en el logro de metas como la independencia en la gestión, aplicándose penalidades en caso quienes trabajen en los proyectos beneficiarios mantengan coordinaciones con las empresas que los financien. ¿Cuándo empezamos? Sin reputación política… ¡la reputación corporativa puede no ser suficiente!