lunes, marzo 21, 2005

Más razones para seguir reduciendo el Estado

(Inédito)

¿Cuántas veces se ha demorado la Administración Pública más días de los que usted consideraba razonables en autorizar un pago, firmar un contrato, o responder una consulta? Seguramente muchas y probablemente usted siempre le haya atribuido el hecho a la ineficiencia de la burocracia. ¿Pero alguna vez se ha preguntado usted si existen otras razones para que las entidades públicas se demoren tanto en tomar una decisión? Desde el sector privado parecen no existir, pero créame… existen.

Hay muchas razones que aconsejan contar con un sector público cada vez más reducido, entre ellas, los costos que se generan directamente para la sociedad producto de la corrupción. Sin embargo, la corrupción (como las dictaduras) también tiene costos indirectos. Quisiera referirme a uno de ellos: el costo derivado del control al que están sujetas las entidades públicas dentro de una democracia.

Para ilustrar el punto piense usted en un organismo público descentralizado, digamos INDECOPI, que goza de autonomía administrativa para decidir directamente qué servicios y bienes adquirir para cumplir con sus funciones. Imagine ahora el siguiente caso: usted entra a trabajar allí como gerente y se encuentra con varias personas que trabajan desde hace años bajo el régimen de servicios no personales. Supongamos ahora que a estas personas se les ha venido concediendo desde hace cinco años un mes de vacaciones. Usted sabe que contractualmente a los trabajadores contratados por servicios no personales no les corresponde gozar vacaciones. Sin embargo, se da cuenta que en el fondo se trata de trabajadores con horario y subordinación que deberían estar en planilla, y que mantener este seguro sería la mejor forma de mantener una relación cordial con su personal. ¿Qué decisión tomaría?

Si usted estuviera en el sector privado probablemente decidiría mantener el derecho a vacaciones, dado que, por el principio laboral de primacía de la realidad, las personas igual podrían reclamarle judicialmente una compensación con intereses al ser cesados en sus cargos. Sin embargo, le sugiero que en el sector público elija exactamente lo contrario. En un caso similar a éste la Contraloría General de la República le inició un juicio a todos los que habían participado –de alguna manera- en tomar la decisión para que indemnicen al Estado por haberle causado un daño (¿?).

Naturalmente, el criterio con el que la agencia de control externo determinó la existencia de un daño, fue absolutamente cortoplacista. En el mediano plazo, resultaba bastante probable que no continuar concediendo el beneficio sería incluso más costoso que continuar otorgándolo.

Aunque usted no lo crea, al interior de la Administración Pública, los servidores viven actualmente día a día sin saber si la decisión que hoy consideran correcta les acarreará mañana una responsabilidad civil. Nótese que no me estoy refiriendo a casos de comisión de delitos, sino a decisiones operativas que toman diariamente los servidores públicos como las que he descrito.

En este escenario, el servidor público se encuentra obligado a mirar con lupa todos los documentos que se le presenten para su firma o visto bueno. Por ello, no debe sorprendernos que las decisiones administrativas -sobre todo las que involucran recursos económicos- tomen más tiempo del que a usted puede parecerle razonable. Es cierto que la radicalización de los mecanismos de control de las funciones públicas sirve para combatir la corrupción, pero a la vez eleva exponencialmente los costos de la gestión pública. Una razón más para que, en la medida de lo posible, sigamos reduciendo las funciones del Estado.